domingo, 31 de agosto de 2025

Entre el rezago y la competencia originaria. El primer reto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación electa en México.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México durante los últimos años, ha tenido un papel preponderante como espacio de disputa del poder, al constituirse en el interprete último de la Constitución, facultad que no siempre tuvo en la historia constitucional mexicana, pero que ganó con la tendencia de despolitizar las decisiones jurídicas aún cuando dicho papel no se cumplió a cabalidad.

     Fue así que la Suprema Corte en México se convirtió en el “Tribunal Constitucional”, cuya alta función era definir en última instancia y mediante sentencias razonadas dos funciones: la interpretación del sentido y significado de los preceptos constitucionales, así como los criterios que deberían prevalecer en caso de antinomias legales y la constitución.

      No obstante ello, dicha función no siempre se ejerció fácilmente pues paralelamente al nacimiento del “Tribunal Constitucional” tácito, también creció un histórico rezago, cuya atención ha sido objeto de múltiples estrategias para abatirlo, sin dar resultado satisfactorio, algunas de las estrategias fueron las siguiente:

a) El aumento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 hasta 21 ministros.

b) La creación de hasta cinco salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas materias principales serían penal, civil, administrativo y laboral, además de una sala especial para abatir el rezago;

c) La creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes podrían constituir tribunales de legalidad y realizar interpretaciones constitucionales;

d) La delegación por acuerdos generales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para delegar su competencia originaria como intérprete de la Constitución a los Tribunales Colegiados; y

e) La creación de plenos regionales de Circuito cuyo objeto era la interpretación constitucional en contradicciones de criterios.

Como se puede observar, no han sido pocas las estrategias para reducir el rezago que creció fundamentalmente por dos motivos:

1.- Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación era el revisor natural de las resoluciones dictadas por los Juzgados de Distrito;

2.- Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en el interprete último de la Constitución, además de que los conflictos políticos se decidieron judicializar mediante instrumentos procesales constitucionales;

Todo ello desencadenó un rezago que asciende aproximadamente a cinco mil asuntos pendientes de resolver, pero ahora circulan especulaciones sobre la intención del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación electa que, señala remitirá asuntos por resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito e incluso Juzgados de Distrito, ello con la finalidad de optimizar su labor siendo la cabeza del máximo órgano de interpretación constitucional.

    Dicha circunstancia, en algunos casos se encuentra justificada porque hay muchos asuntos donde únicamente se busca la dilación, pero hay otros donde existen verdaderos nudos que deben desatarse mediante la interpretación constitucional, sobre todo aquellos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento internacional de éstos, en prácticas vetustas y excesos de otros poderes que han generado una serie de conflictos e incertidumbres que aquejan nuestro país.

    La esperanza del Pueblo de México, es que se atiendan sus peticiones y sobre todo que se tenga certeza jurídica en los conflictos que aquejan sus regiones, pero ¿será compatible el principio de puertas abiertas ante la Corte con la intención de delegar su competencia originaria a Tribunales Colegiados de Circuito o incluso Juzgados de Distrito? ¿Se atreverán éstos a resolver un asunto que tenga trascendencia a nivel nacional, cuando existan lineamientos impuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

   En fin, veremos muchos retos que se avecinan, donde debemos estar muy atentos y evitar que se violen los derechos del Pueblo, sobre todo el de acceso a la justicia constitucional que, más allá de disputas partidistas, se trata de un instrumento para que todo aquel que busque la protección de la justicia sea mediante la ley y la razón, siempre mejores vías que la violencia o la justicia por propia mano, por el bien de todos les deseamos el mayor de los éxitos a los ministros electos, ante estos nuevos retos, que demuestren que no solamente hay retórica sino sobre todo acciones que transformen la agónica justicia mexicana.

jueves, 24 de julio de 2025

El Colegio Nacional de Abogados Democráticos

 

                                 La era está pariendo un corazón

Hace unos días y derivado de una  serie de conflictos un grupo de abogadas y abogados decidió convocar a la formación del Colegio Nacional de Abogados Democráticos, no es un secreto que se deriva de una ruptura en el centro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

   No todas las rupturas implican la decadencia y muerte de una organización, sino también implican el nacimiento de una nueva organización, que puede atender temáticas que ahora no se abordan, sobre todo las crisis que actualmente atraviesa el gobierno de México.

   Algunas de estas crisis son: La militarización de la seguridad; la incertidumbre jurídica y la decadencia de la cultura de la legalidad; la mala calidad de los servicios de acceso a la justicia; la defensa del medio ambiente; la defensa de los grupos vulnerables; la corrupción y la falta de transparencia; el incumplimiento de las condenas internacionales; las desapariciones; la extorsión; y la impunidad entre otros aspectos.

        Lamentablemente muchas de estos aspectos no se están atendiendo actualmente por la organización, además de otros vicios en la democracia interna, lo que orillo a que algunos miembros de la organización decidieran apartarse en algunos casos, y en otros, fueron expulsados por la dirigencia actual, que además ha ideado la arenga como carta de presentación.

       Fue así que surgió la idea del Colegio Nacional de Abogados Democráticos, cuyo nacimiento tiene un carácter más técnico que político, pues, será una organización de abogadas y abogados que aspiran a la justicia social con democracia, ejerciéndola tanto externa como internamente.

        La única motivación es el compromiso social de cada uno de los profesionistas, y el formar un espacio de diálogo y denuncia de los diversos abogados y abogadas que son víctimas de las prácticas desde el poder político, económico o social, de personajes que buscan implantar por la vía de la fuerza y el fraude su poder.

         Pero hay algunos retos, uno de ellos es conformar una estructura orgánica, comprender el mandato de mandar-obedeciendo, formar comisiones técnicas con estudios jurídicos sustentados, pero sobre todo democratizar nuestras decisiones y dirigencia.

      La última parte quizá lo más complejo, porque implica formar cuadros y ser incluyente, además y sobre todo, apoyar a la juventud que son nuestro futuro, y evitar direcciones eternas, sino buscar la rotación democrática, eso evitará relaciones perniciosas de poder, y sobre todo contemos con independencia y autonomía, basada en el ejercicio ético pero también social de la profesión.

Ánimo, hagamos historia!

sábado, 19 de julio de 2025

El XXIX Congreso Nacional de la ANAD. Un pedazo de historia que se pretende borrar.

 

Los conflictos en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos no son nuevos, incluso podría afirmar que son parte de la construcción de una organización que aspira a ejercer la democracia.

   Lo contrario sería una organización donde existiera un pensamiento único, donde se postularan dogmas sin reflexión, y se buscara que los miembros se ajustaran a los cánones impuestos por dirigentes con ánimo sacerdotal.

    En la mayoría de elecciones dentro de la ANAD, han existido una serie de rupturas, con diferentes actores, algunos de ellos abogados y abogadas reconocidos en el foro nacional, otros no estuvieron de acuerdo con la dirección que se impuso hegemónicamente por un grupo en ésta, quizá de las separaciones más mencionadas fue la de Arturo Alcalde Justiniani y Bárbara Zamora, abogados reconocidos internacionalmente.

    También han existido curiosamente elecciones por “acuerdo”, con candidaturas únicas y simulaciones de elección, aunque reconozco que han sido las menos en la historia reciente de esta organización.

    He sido testigo de siete elecciones en la organización, a la cual ingresé con el ánimo de participar políticamente en la defensa de los derechos del pueblo de México, y comparto sus principios de democracia, y justicia social.

    Ahora ante un conflicto interno se busca más que nunca de parte de la dirigencia “oficial”, extender esa “legalidad” en el papel, más allá de la reflexión y atención del papel que debería tener la organización, cuyo origen es la crítica al abuso del poder político y el apoyo hacia abogados y abogadas que se encuentran en peligro por defender los derechos de sectores excluidos.

     Más allá de eso, quiero traer un recuerdo que sea testigo del periodo que me tocó presidir honrosamente la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sobre todo por no ser el perfil oficial y haber obtenido el triunfo en una elección dividida.

    Hablo de la elección celebrada el pasado 22 de febrero del 2020, dentro del XXIX Congreso Nacional de la ANAD, cuando acudí como miembro activo a compartir una ponencia con mis pares sobre la Reforma Judicial que se estaba discutiendo en ese momento, mi intención no era ser candidato a la presidencia de la ANAD, pues, yo radico desde hace tiempo fuera de la Ciudad de México.

     Como en otras ocasiones en la ANAD, había una sola candidatura pocos querían inscribirse, y sinceramente la candidata era muy competente y reconocida internacionalmente hablo de Pilar Noriega, no obstante, dos compañeros de Nuevo León se indignaron por la candidatura única y salieron del auditorio en el Sindicato Minero donde se celebraba el congreso, por ello, decidí participar en la elección y se me dio oportunidad de exponer un plan de trabajo que afortunadamente por los años de militancia en la ANAD, ya tenía bien estructurado.

    Después de exponer mis ideas, fui cuestionado duramente por una abogada María de la Luz Rivera, quien atacó más mi persona que mis ideas, pero se decidió que fuera una elección con voto directo, libre y secreto. Todos los asociados con derecho a voto emitieron su sufragio.

     Al concluir la elección, se contabilizaron los votos y gané por un voto, desde luego, no fue del agrado de un sector a quien además “reportaba” para algunos miembros destacados que, por sus múltiples e importantes ocupaciones no pudo acudir a un evento así, cuestión que se corregiría posteriormente buscando el voto electrónico.

    Fueron dos años complejos, lo acepto, con decisiones que se me reconocieron y otras que me criticaron duramente, pero sobre todo fue un gran aprendizaje. Por ello, quiero reconocer a quien me acompañó en el Comité Ejecutivo, y seguir narrando mi testimonio, aun aquí donde como diría Sabina habita el olvido.

COMITÉ EJECUTIVO ANAD 2020-2022

ROBERTO JULIO CHÁVEZ DELGADO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

MARÍA DEL PILAR NORIEGA GARCÍA

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

ERNESTO VILLAREAL LANDEROS

SECRETARÍA DE RELACIONES

MARÍA LUISA CAMPOS ARAGÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADRIÁN JIMÉNEZ MONDRAGÓN

SECRETARÍA DE INFORMÁTICA Y DIFUSIÓN

RENE GONZÁLEZ VELAZQUEZ

SECRETARÍA DE DERECHO CONSTITUCIONAL POLÍTICO Y ELECTORAL

ALFREDO ISMAEL MARTÍNEZ BALTAZAR

DERECHOS HUMANOS E  INDÍGENA

JORGE VIVEROS REYES

SECRETARÍA DE DERECHO LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y COOPERATIVO

ALFONSO SAUCEDO GARZA

SECRETARÍA DE DERECHO ECONÓMICO, FINANCIERO Y FISCAL

VIDAL ROJAS CAMPOS

SECRETARÍA  DE DERECHO PRIVADO

FRANCISCO TOMÁS RAMÍREZ MÉNDEZ

SECRETARÍA DE DERECHO INTERNACIONAL

BERTHA GALEANO CISNEROS

SECRETARÍA DE DERECHO PENAL

EDITH RAMÍREZ RAMÍREZ

SECRETARÍA DE EQUIDAD Y GÉNERO

LAURO JONATHAN SOL OREA

COORDINADOR NACIONAL

 

   

sábado, 12 de julio de 2025

El día del abogado y la crisis de la justicia en México

 

Los dichos y los hechos deben tener congruencia, quizá esa fue la esencia del concepto de praxis de origen marxista, no obstante ello, en pocas ocasiones se tiene dicha coincidencia.

     Tal es el caso de la justicia en México, que ahora enfrenta una seria encrucijada porque, por un lado, nos encontramos ante un proceso de reforma donde el electorado participa por primera vez en la elección de sus jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema del país; y por otro lado, nos encontramos ante una saturación de los tribunales mexicanos, miles de trabajadores, padres, niños, comerciantes y ciudadanos en general acuden a reclamar justicia, sin encontrarla.

       La razón es que el trabajo diario de los tribunales se encuentra hoy más que nunca en una crisis económica, política y social. Tan solo hace una semana se encontraban suspendidas las actividades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como del Tribunal Superior de Justicia, por denuncias de su personal que señalaban falta de recursos materiales y humanos, para atender la gran demanda de las personas que acuden a buscar justicia ante dichas instituciones.

     Los Tribunales federales se encuentran ante el temor constante de la posible reducción de sus prestaciones laborales, cuyo origen se basa en la actual negativa del órgano administrativo del Poder Judicial Federal para cubrir las indemnizaciones de los jueces y magistrados que renunciaron a sus cargos derivados de la elección judicial, lo que podría derivar en paros y conflictos al interior de carácter laboral.

      Nuestras instituciones de procuración y administración de justicia se encuentran también cuestionadas por los organismos internacionales, así como por nuestro socio comercial más importante, donde la posible vinculación con miembros del crimen organizado es preocupante.

       Considero que la justicia en México, no iba por buen camino sobre todo para los sectores más vulnerables del país, y miles de personas que fueron víctimas del influyentismo, la impunidad, el burocratismo y la corrupción.

      En mi caso considero que la reforma fue necesaria, el diseño y la forma será un tema que deberá evaluarse a futuro no ahora, dándole la oportunidad a los actores para desempeñar su encargo, empero, debe devolverse a nuestro país la certeza de que habrá instituciones de justicia sólidas, profesionales y sobre todo que habrá respeto absoluto a los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, acatando las resoluciones, no prejuzgando sobre éstas y sobre todo atendiendo las demandas del gremio jurídico por parte del gobierno mexicano y evitando la impunidad.

    Por ello este día de conmemoración, más que nunca, México requiere de abogadas y abogados, que busquemos la conciliación y el respeto de los derechos humanos, pero sobre todo evitar los abusos de poder de la autoridad y de aquellos factores externos que pretendan torcer la ley, nuestro papel debe ser la crítica objetiva y no el aplauso banal, porque el primero no agrada pero hace reflexionar, el otro elogia pero ciega e incluso ejerce cierta complicidad o responsabilidad. ¿La historia nos absolverá?

 

domingo, 11 de mayo de 2025

El recuerdo de una represión sindical desde la izquierda

 

A Judith Calderón

Hace unos días estaba recordando uno de los momentos más tristes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, tribunal que por cierto está en vías de extinguirse pero que representó una esperanza para miles de trabajadores al constituirse como un tribunal cercano a la gente, transformado a partir de la llegada de los gobiernos de izquierda democrática al país.

    Las expectativas siempre fueron muy altas, aunque pocas veces se cumplieron lamentablemente. No obstante ello, viene a mi recuerdo un caso particular que llamó mi atención, se derivó de un conflicto sindical donde el Sindicato de Trabajadores del periódico la Jornada (periódico fundado por críticos periodistas como un espacio de reflexión alternativa) y la representación patronal, quien buscó por la vía del procedimiento especial de naturaleza económica reducir las prestaciones del contrato colectivo de trabajo, por considerarlo insostenible económicamente, con dos peritajes en contabilidad se logró dicha pretensión, desde luego avalado por el entonces Secretario de Asuntos Colectivos el doctor Pablo Franco Hernández, y bajo la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México de la maestra Margarita Darlene Olvera Rojas.

   La respuesta de la dirección del Sitrajor, lidereado por la periodista Judith Calderón, decidió estallar una huelga por el ataque a su contrato colectivo de trabajo, lamentablemente y por una cuestionable orientación del asesor sindical José Luis Contreras sugirió asegurar con candados de bicicleta las puertas del local de trabajo, lo que propició que el actuario de la Junta Local al observar el hecho certificó el mismo, al dar cuenta el Secretario de Asuntos Colectivos el doctor Pablo Franco Hernández decidió declarar ilegal la huelga e ilícita.

      Un duro golpe en contra de un sindicato y su dirigencia, quienes posteriormente fueron perseguidos políticamente y judicialmente por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien judicializó el asunto y los llevó ante un Juez de Control en materia penal, vinculándolos a proceso por privación ilegal de la libertad.

     Desde luego, fueron despedidos la secretaria general, el secretario de organización y la tesorera del sindicato, todo basado en la certificación del doctor quien hizo una calificación que no se esperaba de un gobierno de izquierda declarar ilícita por considerar que hubo actos de violencia al poner los candados de bicicleta e ilegal, al considerar que no se cumplió con la suspensión total de labores al encontrarse personal dentro de las instalaciones.

     Las decisión de la Junta Local fue revocada por la sentencia de amparo emanada de un Juzgado de Distrito al encontrarse infundada, empero, la persecución para los dirigentes sindicales no cesó, aún cuando emanó de un gobierno de izquierda.

     Tiempo después del doctor Franco dejó la función pública y la política partidista, para dedicarse a la asesoría y defensa de sindicatos, así como a la academia, ojalá algún día nos revele las razones que le llevaron a tomar una decisión de esa naturaleza quizá contraria a la ideología que siempre sostuvo, y tratar con tanta rudeza a quienes defendieron su contrato de trabajo.

 

lunes, 31 de marzo de 2025

Análisis crítico a las reformas sobre el derecho de vivienda para los trabajadores

 

El presente ensayo tiene por finalidad realizar un análisis crítico de las reformas al tema de vivienda, sobre todo aquellas del fondo de vivienda para los Trabajadores, para ello, se analizarán diversos puntos desde la reforma constitucional y legal.

1.    1. La reforma constitucional en materia de vivienda

El pasado 2 de diciembre del 2024 se publicó la reforma constitucional en materia de vivienda, y versó en esencia sobre el artículo 123 fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

   Los conceptos más destacados fue el cambio central de habitaciones por vivienda adecuada, la inclusión del concepto de persona trabajadora, la orientación social de la vivienda, y el arrendamiento social.

    Los cambios constitucionales deben atenderse con cuidadosa atención, pues, al tratarse de instituciones que tienen repercusión en todo el orden jurídico, pueden generar beneficios o perjuicios de algo impacto. Al respecto considero que la inclusión del término vivienda en lugar de habitación adecuada, se debe a las recomendaciones derivadas de los organismos internacionales, lo que me parece adecuado. En cuanto al concepto de persona trabajadora, me parece medianamente correcto el término, porque si bien se reconoce que los trabajadores son personas también, con ello de alguna manera se difumina el concepto de clase, cuyo eje principal es el reconocimiento de ésta con la finalidad de revelar la lucha que se pretende ocultar eufemísticamente.

     Pero más complejo aún me parece, la introducción de los conceptos de vivienda con orientación social y el arrendamiento con el mismo adjetivo. La razones son que podría contraponerse dichos conceptos al principio de propiedad privada, pues, se establecen limitaciones al mismo como fijar no solamente el costo sino posiblemente el diseño y construcción de éstas, además de crear la institución del arrendamiento social cuyas novedades es fijar el monto de las rentas y dotar de la posibilidad de adquisición, que si bien en el derecho común existe esta posibilidad bajo las figuras del derecho preferencial o las limitaciones al aumento en las rentas, lo cierto es que al incluirlo a nivel constitucional podría haber utilización de estos mecanismos pudiendo generar cierta confusión.

2.   2 Crítica a la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Algunos cambios son también de forma, por ejemplo, en general en la ley se cambió el concepto de habitación por vivienda. Hay otros cambios más relevantes como el aumentar los objetos del Instituto como son el ejecutar o invertir programas de construcción o administración de viviendas, así como el arrendar socialmente. Nos detenemos en dichas facultades sobre todo en la de invertir y arrendar socialmente, la primera al ser una posibilidad que no tenía el instituto pero que con ello entra al mercado definiendo los sitios o negocios donde participará con el dinero de los trabajadores, además de recibir ingresos por concepto de arrendamiento.

     Uno de los puntos más relevantes es la forma en que se cumplirá la facultad de construir viviendas, porque será por medio de una “constructora” que se formará y regirá por leyes mercantiles, cabe señalar que nos llamó poderosamente la atención la precisión, toda vez que podría existir una cierta incompatibilidad entre la connotación social y la empresa de carácter mercantil, al existir cierta contradicción en dichos objetivos. Además de muchas preguntas que quedan al aire como ¿Quiénes serán los socios? ¿Qué órganos de control tendrán si se regirán por las leyes mercantiles? Sabemos que la integración accionaria será en su mayoría por personas del Instituto, pero ¿quiénes serán los demás?

    Sumado a lo anterior, se abre la posibilidad de establecer alianzas, sociedad o contratos con los sectores privado y sociales, con el sector público había esa consideración aunque con los otros sobre todo el privado también resulta cierta incongruencia, más cuando los sectores sociales y privados se encuentran de alguna manera siendo representados al ser parte de la institución, por lo menos en representación.

2.1.       La debilitación del tripartismo y la centralización de las funciones de la persona Directora del Instituto del Fondo

Para la administración del fondo de vivienda de los trabajadores se creó en 1971 y se constituyó tripartitamente, la razón era que los propios factores de la producción eran los encargados de revisar y además tomar decisiones en un tema que les afectaba directamente, por una parte, se trata del dinero de los trabajadores, pero por otra parte, obligaciones patronales, siendo el Estado una especie de participante que mantuviera el equilibrio.

   No obstante ello, al analizar la reforma nos percatamos que debilitó el modelo del tripartismo, las razones son las siguientes:

-Se incluyó en las facultades de la persona directora del Instituto el voto en  asamblea general, y la de veto en resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Comisión de Vigilancia cuando no se tomen por unanimidad, antes el director no contaba con este tipo de facultades, lo que nos parece sano pero ahora se impone esa modalidad.

- Se impone que la persona que presidirá tanto la Asamblea General como el Consejo Ejecutivo será la persona Directora del Instituto, cuando antes esto era rotativo, es decir, le tocaba presidir también en determinado tiempo a los representantes de los trabajadore y de los patrones.

-Se le retiran los apoyos económicos a los integrantes de los órganos colegiados, lo que debilitará la participación de los entes sindicales;

- Se empata la renovación de los órganos de dirección del Instituto a la transmisión del poder ejecutivo, lo que nos parece también debilita la democracia del Instituto, porque podría existir un desequilibrio con los sindicatos corporativos o algunos patrones que no coincidan con las agendas de los candidatos presidenciales, quienes tienen mayores recursos, y en algunos casos, incluso cuentan con el apoyo estructural de partidos políticos.

-Se impone la decisión de la persona Titular del Poder Ejecutivo Federal para la designación de la persona directora del instituto del fondo, lo que elimina la objetividad del mismo y excluye a los sectores patronal así como a los trabajadores, quienes antes aprobaban la propuesta del ejecutivo;

2.2. La imposición de nuevas obligaciones patronales

La importancia de la participación del sector patronal es por las obligaciones que la propia legislación les impone, se convierten en una especie de auxiliares del instituto al proporcionar información y realizar las retenciones impositivas mediante el cálculo, enteramiento y pago de éstas.

    Se modificó un párrafo al artículo 29 de la Ley del Instituto, lo que generó que los patrones serán responsables de pagar tanto la retención de las cuotas del cinco porciento sobre el salario base de cotización, como además se deberá pagar los créditos y rentas que se generen con motivo del arrendamiento social, sin que pueda suspenderse con motivo de incapacidades o ausencias, es decir, los hacen responsables solidarios en conjunto con los trabajadores.

     En esencia, le imponen al patrón que en caso de omitir avisar la baja del trabajador deberá pagarle al Instituto, la excepción de dicho pago solamente podrá ser demostrar con el recibo correspondiente que se dio dicho aviso.

    También le impone el pago de créditos aún cuando existan incapacidades, lo que implica que el patrón será el que terminará respondiendo, por cualquier enfermedad del trabajador.

2.3.Las nuevas opciones para los trabajadores

Los trabajadores tendrán derecho a prorrogas sin intereses hasta por doce meses máximo en caso de pérdida del empleo. Se mantendrá un seguro que cubrirá los créditos cuando exista incapacidad permanente total o la muerte del trabajador.

  Se incluye, para trabajadores con más de un año cotizando, cerca de su centro de trabajo y con la opción de entrar a programas de adquisición de vivienda. Se fijará la renta considerando el nivel salarial de la persona trabajadora, además podría adquirir el inmueble siempre y cuando contara con recursos suficientes en su subcuenta de vivienda, pudiendo reconocerse las rentas que haya erogado.

   No obstante ello, el sindicalismo y su participación en el Instituto se reduce ante la centralización de la toma de decisiones, pero debe reconocerse que sí bien hay opacidad en las inversiones y formas en que se toman las decisiones, también hay un avance en los derechos de las personas trabajadoras.

3.    3. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo

En esencia se tratan de modificaciones tanto a la autorización legal de descuentos al salario con motivo de pago de créditos y rentas sociales, así como la facultad de los patrones de descontar del salario esos conceptos.

    Además se precisa que la parte trabajadora en caso de que adquiera una nueva relación laboral empero se haga valer una incapacidad para que opere el seguro respectivo, podrá volver a pedir la cancelación de la hipoteca.

     Los demás cambios, en esencia, fueron solamente de forma como agregar el término persona trabajadora, que a nuestro muy particular punto de vista aunque entendemos que se debió a la idea basada en la perspectiva de género que es respetable, también considero que de alguna manera se desnaturalizó el concepto de “clase trabajadora”, individualizando al mismo.

4. Como cierre por el momento

Nos parece que los cambios constitucionales y laborales, tienen relevancia sobre todo por los retos a enfrentar, como el nivel de eficacia y transparencia que se tendrá al centralizar el poder en manos de la persona directora del instituto, así como analizar los efectos de la debilidad del tripartismo.

    Además existe una imposición mayor a la clase patronal, quien tendrá que analizar y defenderse en dicho plano.

   En cuanto a los trabajadores denominados de a pie, a nivel micro, habrá beneficios como el arrendamiento inmobiliario, aunque hay que definir con mejor forma de qué manera se obtendrán esos proyectos.

martes, 25 de marzo de 2025

El conflicto en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Una reflexión.

 

La historia se repite dos veces: una como tragedia

Otra como farsa

K. Marx

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos nació hace treinta y cuatro años aproximadamente, dentro de sus filas han destacados ilustres abogados y abogadas, cuya principal misión ha sido la defensa de los sectores más desprotegidos, a quienes hemos denominado como pueblo.

    Nuestra tradición ha sido como lo diría el maestro Bernardo Bátiz la camaradería, fuera de protocolos rigurosos o títulos rimbombantes, nos hemos mantenido como defensores de las denominadas “causas perdidas”, quizá bajo una inspiración emanada más del corazón y la esperanza que, de la racionalidad y la técnica.

     Una de nuestras más grandes virtudes es la inclusión y el respeto a luchadores sociales, más allá de el culto a la personalidad y la exclusión basada en la posición social o el cargo público.

        Desde luego, no han sido años fáciles en lo interno. Los constantes debates, fracturas, decepciones, y separaciones de miembros después de una elección nos llevaron a una crisis histórica que casi nos hizo desaparecer, el honor que era presidir la organización se convirtió a la postre en un reto que pocos decidimos asumir, todo se basó en una historia paralela de la izquierda que llegó al poder.

        Nuestra composición se basa en su mayoría de origen por abogados y abogadas de procedencia laboral, quienes cercanas al sindicalismo y la lucha de los trabajadores, encontraron un espacio de apoyo para denunciar los abusos, extorsiones y ataques tanto de las autoridades como de cierto sector patronal. Otro importante sector se desempeñó en la administración pública, hemos tenido el orgullo y fortuna de tener dos representantes como consejeras jurídicas de la más alta responsabilidad de este país, la presidencia de la República.

       No obstante, todo ese gran recorrido histórico, que debemos reconocer en su mayoría se lo debemos al trabajo de nuestras compañeras, quienes sin duda han destacado más que nuestros compañeros al exterior de nuestra organización, ahora nos encontramos en una crisis que posiblemente no se suscitó en estos tiempos.

      El conflicto se basó en dos posturas irreconciliables, por una parte, una presidencia cuyo trabajo no está cuestionado, decidió quizá por “consejeros” que pretendieron observar más altas miras participar en una elección donde pudiera ocupar de nueva cuenta la presidencia, bajo el argumento de no haber sido electa en virtud de sustituir a un presidente que no pudo continuar, sin tener claras las razones del por qué.

      Por otra parte, un presidente electo a mano alzada, en un congreso a puerta cerrada, y bajo una candidatura única, donde el mayor interés era la sustitución de la presidencia de nuestra organización, y con un serio cuestionamiento en la independencia de nuestra dirección, pero con el apoyo “oficial”.

      Todo esto fruto de varios ingredientes, la mayoría basados en la falta de voluntad y entendimiento de ambos sectores, pero sobre todo de un acuerdo formal que celebraron éstos bajo el aval de testigos de honor, que ninguno cumplió. El desenlace fue el esperado, la toma de la presidencia por el sector oficial, por un lado, y por otro, la insurrección de los excluidos.

       El futuro inmediato es una organización con dos cabezas, que no sería un problema, si no se mordieran mutuamente. Que tiempos vivimos, donde una elección y la justificación de acciones estatales, nos tiene alejados de nuestro más alto ideal, ¡la lucha y representación de los más desprotegidos de este país!

     Ojalá pronto recuperemos el rumbo, he omitido cualquier nombre o referencia, por aunque parezca sarcasmo, respeto a los dos bandos, a quienes aprecio como mis camaradas, y con quienes en algún momento de la vida he luchado hombro a hombro siempre del lado del desprotegido, siempre al lado de las luchas perdidas.

    En mi opinión tenemos dos soluciones, una posible vicepresidencia y actuar en unidad, conciliando a los sectores, o un gran Congreso Nacional donde discutamos no solamente una elección o lucha por el poder, sino nuestra esencia y hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos acorde a nuestros principios, tanto colectivos como estatutarios.