La dignificación del Ministerio Público Federal. El caso Ensenada.

 

Hace unos días, y como es costumbre afortunadamente, me encontraba leyendo un texto de Juventino Castro y Castro, excepcional y lamentablemente extinto jurista, quien en su célebre obra El Ministerio Público en México, nos narra la historia, facultades, y características de tan importante institución.

     En el capítulo primero, y aun cuando menciona las características de la acción penal, sentencia la importancia de la independencia del Ministerio Público, cuyo eje central es la inamovilidad que debieran tener, lo que implica que no puedan ser cesados más que por ciertas causas precisadas en la ley no así por los políticos o jefes en turno.

     Contrario a ello, en 2016 el órgano reformador de la Constitución decidió en la fracción XIII del apartado B) del artículo 123 retirar el derecho de reinstalación a los Ministerios Públicos, peritos, miembros de entidades federativas, solo pudiendo indemnizarlos, pero solamente cuando algún órgano jurisdiccional hubiese determinado que la separación es injustificada.

        Imagínese que un Ministerio Público Federal, es separado por capricho de su superior jerárquico, y resulta que demuestra la ilegalidad de la separación solamente tiene derecho a exigir, previa comprobación de la ilegalidad, una indemnización.

         Claro previo juicio administrativo federal, que dura aproximadamente cuatro años, atendiendo a que el Estado no reconoce a los Ministerios Públicos como trabajadores, y los excluye de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado, afirmando que se trata de una relación administrativa.

       Pero aun más grave es la situación que se vive actualmente en la Fiscalía General de la República, que actualmente otorga contratos temporales de manera ilegal a los Ministerios Públicos, los cuales van de un mes a tres meses, con la amenaza constante de no ser renovados, a criterio discrecional de las autoridades administrativas, por lo menos, es el caso que tenemos identificado en Ensenada, Baja California.

    ¿Ese es el trato que merecen los profesionistas a quienes confiamos la investigación de los delitos federales? ¿Ese tipo de contrataciones garantizan imparcialidad en las investigaciones? ¿ Afecta a la defensa este tipo de contrataciones e inestabilidades de parte de los Ministerios Públicos?

        Me parece que, es un tema que tenemos como sociedad que revisar profundamente, sobre todo la dignificación de nuestros Ministerios Públicos, otorgándoles certeza jurídica y valor a su trabajo, pero sobre todo independencia al momento de investigar y procesar los asuntos.               

 

                   

Requiem para el juicio de amparo

 

Este quince de septiembre de dos mil veinticinco, se presentó por parte de la Titular del Poder Ejecutivo, que encabeza la presidenta Claudia Sheimbaung Pardo, una iniciativa que busca reformar la Ley de Amparo.

   Una vez impuesto de la lectura de dicho documento, que será discutido y muy probablemente aprobado en este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, como abogados democrático y modesto estudioso del juicio de amparo, me parece un grave retroceso al juicio que desde el acta de reformas a la Constitución de 1847 nos ha venido protegiendo a los ciudadanos de los embates del poder.

     Las razones son varias, pero me detendré por motivos de exposición en dos puntos que considero centrales: la suspensión en el juicio de amparo y la ejecución del juicio de amparo.

      La primera figura se trata de la resolución, provisional que dicta el órgano jurisdiccional, y cuya finalidad es mantener las cosas en el estado en que se encuentran o incluso restituir provisionalmente derechos, con el objeto de que no quede sin materia el juicio de amparo además de que se asegure el cumplimiento de la posible sentencia que se llegue a dictar.

      Dicha suspensión se tramita incidentalmente y se resuelve en plazos reducidos. La primera se dicta al admitir la demanda de amparo y se le denomina provisional. La segunda se dicta, previo procedimiento y se denomina definitiva. Dichas resoluciones tienen una naturaleza cautelar, y su dictado debe ser sencillo analizando la apariencia del buen derecho y el posible peligro en la demora que se lleve el juicio.

       No obstante ello, en la propuesta de iniciativa, se imponen dentro de los artículos 128, 135 y 166, mayores requisitos al otorgamiento de suspensiones provisionales en casos de estudio de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, solicitando al quejoso mayores elementos de prueba sobre el acto reclamado, lo que desvanece la teoría de la apariencia del buen derecho.  Dentro de la suspensión en materia fiscal, exige en todos los casos se garantice el crédito fiscal que se impugna, para que proceda la suspensión, y para la materia penal, se impone la exhibición de garantía así como descarta el otorgamiento de suspensiones en casos de prisión preventiva oficiosa.

   Lo que quiere decir que, las personas que busquen la suspensión, tendrán mayores dificultades cuando no puedan probar fehacientemente la violación a sus derechos, y en casos fiscales y penales, deberán cubrir el crédito fiscal sin garantía de que les sea devuelto, así como estar en prisión en casos de que se trate de una acusación sobre un delito de los señalados en el artículo 19 de la Constitución, pero además deberá exigirse garantía, dentro de tres días en todos los casos. Lo que significa que quien no tenga para pagar una garantía, posiblemente no accederá al beneficio de la suspensión en el juicio de amparo, en materia penal. Tampoco para quien no cuente con el dinero para cubrir el crédito fiscal.

      Pero aún más escandaloso, a mi parecer, está la propuesta de reforma a los artículos 192, 193 y 262 de la Ley de Amparo, que en esencia le dotaban de dientes a los jueces de distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para hacer cumplir sus resoluciones, pudiendo imponer desde multas, hasta la solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde podría ser separado del cargo o procesado penalmente la autoridad renuente.

     Empero, la reforma propone que no pueda imponérseles multa, de ninguna manera a las personas titulares de las autoridades, sino solamente a las instituciones. Además de que éstas puedan demostrar que existe imposibilidad jurídica o material para el cumplimiento de las sentencia de amparo, y ello en automático los exima de cualquier tipo de responsabilidad.

      En palabras llanas, nadie se hará responsable por el incumplimiento de las sentencias de amparo, pudiendo decirle al ciudadano ante la autoridad, Usted disculpe no podemos cumplir su resolución, y aun cuando exista alguna responsabilidad de la autoridad que por negligencia u omisión, no cumplió tampoco se le podrá procesar penalmente.

      En otras palabras, se premia la impunidad de las autoridades sobre los ciudadanos, llevando al lastre casi ciento ochenta años, de lucha de las personas contra las autoridades quienes abusan de sus cargos o de su poder.

       Me parece que estamos ante un grave retroceso que, le quita toda la fuerza vinculante a nuestro Poder Judicial Federal, dejando en manos de las fiscalías y de los procesos penales que se cumplan con los mandatos judiciales, desde luego siempre y cuando no se encuentren absueltos por adelantado por los propios tribunales, facultad que por cierto será novedosa.

       Ojalá se reflexione sobre este duro golpe que se viene a la justicia federal, porque la cascada de señalamientos por responsabilidades internacionales vendrá tarde o temprano. Pero hay esperanza. El juicio de amparo, sobrevivirá.

Entre el rezago y la competencia originaria. El primer reto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación electa en México.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México durante los últimos años, ha tenido un papel preponderante como espacio de disputa del poder, al constituirse en el interprete último de la Constitución, facultad que no siempre tuvo en la historia constitucional mexicana, pero que ganó con la tendencia de despolitizar las decisiones jurídicas aún cuando dicho papel no se cumplió a cabalidad.

     Fue así que la Suprema Corte en México se convirtió en el “Tribunal Constitucional”, cuya alta función era definir en última instancia y mediante sentencias razonadas dos funciones: la interpretación del sentido y significado de los preceptos constitucionales, así como los criterios que deberían prevalecer en caso de antinomias legales y la constitución.

      No obstante ello, dicha función no siempre se ejerció fácilmente pues paralelamente al nacimiento del “Tribunal Constitucional” tácito, también creció un histórico rezago, cuya atención ha sido objeto de múltiples estrategias para abatirlo, sin dar resultado satisfactorio, algunas de las estrategias fueron las siguiente:

a) El aumento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 hasta 21 ministros.

b) La creación de hasta cinco salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas materias principales serían penal, civil, administrativo y laboral, además de una sala especial para abatir el rezago;

c) La creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes podrían constituir tribunales de legalidad y realizar interpretaciones constitucionales;

d) La delegación por acuerdos generales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para delegar su competencia originaria como intérprete de la Constitución a los Tribunales Colegiados; y

e) La creación de plenos regionales de Circuito cuyo objeto era la interpretación constitucional en contradicciones de criterios.

Como se puede observar, no han sido pocas las estrategias para reducir el rezago que creció fundamentalmente por dos motivos:

1.- Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación era el revisor natural de las resoluciones dictadas por los Juzgados de Distrito;

2.- Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en el interprete último de la Constitución, además de que los conflictos políticos se decidieron judicializar mediante instrumentos procesales constitucionales;

Todo ello desencadenó un rezago que asciende aproximadamente a cinco mil asuntos pendientes de resolver, pero ahora circulan especulaciones sobre la intención del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación electa que, señala remitirá asuntos por resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito e incluso Juzgados de Distrito, ello con la finalidad de optimizar su labor siendo la cabeza del máximo órgano de interpretación constitucional.

    Dicha circunstancia, en algunos casos se encuentra justificada porque hay muchos asuntos donde únicamente se busca la dilación, pero hay otros donde existen verdaderos nudos que deben desatarse mediante la interpretación constitucional, sobre todo aquellos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento internacional de éstos, en prácticas vetustas y excesos de otros poderes que han generado una serie de conflictos e incertidumbres que aquejan nuestro país.

    La esperanza del Pueblo de México, es que se atiendan sus peticiones y sobre todo que se tenga certeza jurídica en los conflictos que aquejan sus regiones, pero ¿será compatible el principio de puertas abiertas ante la Corte con la intención de delegar su competencia originaria a Tribunales Colegiados de Circuito o incluso Juzgados de Distrito? ¿Se atreverán éstos a resolver un asunto que tenga trascendencia a nivel nacional, cuando existan lineamientos impuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

   En fin, veremos muchos retos que se avecinan, donde debemos estar muy atentos y evitar que se violen los derechos del Pueblo, sobre todo el de acceso a la justicia constitucional que, más allá de disputas partidistas, se trata de un instrumento para que todo aquel que busque la protección de la justicia sea mediante la ley y la razón, siempre mejores vías que la violencia o la justicia por propia mano, por el bien de todos les deseamos el mayor de los éxitos a los ministros electos, ante estos nuevos retos, que demuestren que no solamente hay retórica sino sobre todo acciones que transformen la agónica justicia mexicana.

El Colegio Nacional de Abogados Democráticos

 

                                 La era está pariendo un corazón

Hace unos días y derivado de una  serie de conflictos un grupo de abogadas y abogados decidió convocar a la formación del Colegio Nacional de Abogados Democráticos, no es un secreto que se deriva de una ruptura en el centro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

   No todas las rupturas implican la decadencia y muerte de una organización, sino también implican el nacimiento de una nueva organización, que puede atender temáticas que ahora no se abordan, sobre todo las crisis que actualmente atraviesa el gobierno de México.

   Algunas de estas crisis son: La militarización de la seguridad; la incertidumbre jurídica y la decadencia de la cultura de la legalidad; la mala calidad de los servicios de acceso a la justicia; la defensa del medio ambiente; la defensa de los grupos vulnerables; la corrupción y la falta de transparencia; el incumplimiento de las condenas internacionales; las desapariciones; la extorsión; y la impunidad entre otros aspectos.

        Lamentablemente muchas de estos aspectos no se están atendiendo actualmente por la organización, además de otros vicios en la democracia interna, lo que orillo a que algunos miembros de la organización decidieran apartarse en algunos casos, y en otros, fueron expulsados por la dirigencia actual, que además ha ideado la arenga como carta de presentación.

       Fue así que surgió la idea del Colegio Nacional de Abogados Democráticos, cuyo nacimiento tiene un carácter más técnico que político, pues, será una organización de abogadas y abogados que aspiran a la justicia social con democracia, ejerciéndola tanto externa como internamente.

        La única motivación es el compromiso social de cada uno de los profesionistas, y el formar un espacio de diálogo y denuncia de los diversos abogados y abogadas que son víctimas de las prácticas desde el poder político, económico o social, de personajes que buscan implantar por la vía de la fuerza y el fraude su poder.

         Pero hay algunos retos, uno de ellos es conformar una estructura orgánica, comprender el mandato de mandar-obedeciendo, formar comisiones técnicas con estudios jurídicos sustentados, pero sobre todo democratizar nuestras decisiones y dirigencia.

      La última parte quizá lo más complejo, porque implica formar cuadros y ser incluyente, además y sobre todo, apoyar a la juventud que son nuestro futuro, y evitar direcciones eternas, sino buscar la rotación democrática, eso evitará relaciones perniciosas de poder, y sobre todo contemos con independencia y autonomía, basada en el ejercicio ético pero también social de la profesión.

Ánimo, hagamos historia!

El XXIX Congreso Nacional de la ANAD. Un pedazo de historia que se pretende borrar.

 

Los conflictos en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos no son nuevos, incluso podría afirmar que son parte de la construcción de una organización que aspira a ejercer la democracia.

   Lo contrario sería una organización donde existiera un pensamiento único, donde se postularan dogmas sin reflexión, y se buscara que los miembros se ajustaran a los cánones impuestos por dirigentes con ánimo sacerdotal.

    En la mayoría de elecciones dentro de la ANAD, han existido una serie de rupturas, con diferentes actores, algunos de ellos abogados y abogadas reconocidos en el foro nacional, otros no estuvieron de acuerdo con la dirección que se impuso hegemónicamente por un grupo en ésta, quizá de las separaciones más mencionadas fue la de Arturo Alcalde Justiniani y Bárbara Zamora, abogados reconocidos internacionalmente.

    También han existido curiosamente elecciones por “acuerdo”, con candidaturas únicas y simulaciones de elección, aunque reconozco que han sido las menos en la historia reciente de esta organización.

    He sido testigo de siete elecciones en la organización, a la cual ingresé con el ánimo de participar políticamente en la defensa de los derechos del pueblo de México, y comparto sus principios de democracia, y justicia social.

    Ahora ante un conflicto interno se busca más que nunca de parte de la dirigencia “oficial”, extender esa “legalidad” en el papel, más allá de la reflexión y atención del papel que debería tener la organización, cuyo origen es la crítica al abuso del poder político y el apoyo hacia abogados y abogadas que se encuentran en peligro por defender los derechos de sectores excluidos.

     Más allá de eso, quiero traer un recuerdo que sea testigo del periodo que me tocó presidir honrosamente la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sobre todo por no ser el perfil oficial y haber obtenido el triunfo en una elección dividida.

    Hablo de la elección celebrada el pasado 22 de febrero del 2020, dentro del XXIX Congreso Nacional de la ANAD, cuando acudí como miembro activo a compartir una ponencia con mis pares sobre la Reforma Judicial que se estaba discutiendo en ese momento, mi intención no era ser candidato a la presidencia de la ANAD, pues, yo radico desde hace tiempo fuera de la Ciudad de México.

     Como en otras ocasiones en la ANAD, había una sola candidatura pocos querían inscribirse, y sinceramente la candidata era muy competente y reconocida internacionalmente hablo de Pilar Noriega, no obstante, dos compañeros de Nuevo León se indignaron por la candidatura única y salieron del auditorio en el Sindicato Minero donde se celebraba el congreso, por ello, decidí participar en la elección y se me dio oportunidad de exponer un plan de trabajo que afortunadamente por los años de militancia en la ANAD, ya tenía bien estructurado.

    Después de exponer mis ideas, fui cuestionado duramente por una abogada María de la Luz Rivera, quien atacó más mi persona que mis ideas, pero se decidió que fuera una elección con voto directo, libre y secreto. Todos los asociados con derecho a voto emitieron su sufragio.

     Al concluir la elección, se contabilizaron los votos y gané por un voto, desde luego, no fue del agrado de un sector a quien además “reportaba” para algunos miembros destacados que, por sus múltiples e importantes ocupaciones no pudo acudir a un evento así, cuestión que se corregiría posteriormente buscando el voto electrónico.

    Fueron dos años complejos, lo acepto, con decisiones que se me reconocieron y otras que me criticaron duramente, pero sobre todo fue un gran aprendizaje. Por ello, quiero reconocer a quien me acompañó en el Comité Ejecutivo, y seguir narrando mi testimonio, aun aquí donde como diría Sabina habita el olvido.

COMITÉ EJECUTIVO ANAD 2020-2022

ROBERTO JULIO CHÁVEZ DELGADO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

MARÍA DEL PILAR NORIEGA GARCÍA

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

ERNESTO VILLAREAL LANDEROS

SECRETARÍA DE RELACIONES

MARÍA LUISA CAMPOS ARAGÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADRIÁN JIMÉNEZ MONDRAGÓN

SECRETARÍA DE INFORMÁTICA Y DIFUSIÓN

RENE GONZÁLEZ VELAZQUEZ

SECRETARÍA DE DERECHO CONSTITUCIONAL POLÍTICO Y ELECTORAL

ALFREDO ISMAEL MARTÍNEZ BALTAZAR

DERECHOS HUMANOS E  INDÍGENA

JORGE VIVEROS REYES

SECRETARÍA DE DERECHO LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y COOPERATIVO

ALFONSO SAUCEDO GARZA

SECRETARÍA DE DERECHO ECONÓMICO, FINANCIERO Y FISCAL

VIDAL ROJAS CAMPOS

SECRETARÍA  DE DERECHO PRIVADO

FRANCISCO TOMÁS RAMÍREZ MÉNDEZ

SECRETARÍA DE DERECHO INTERNACIONAL

BERTHA GALEANO CISNEROS

SECRETARÍA DE DERECHO PENAL

EDITH RAMÍREZ RAMÍREZ

SECRETARÍA DE EQUIDAD Y GÉNERO

LAURO JONATHAN SOL OREA

COORDINADOR NACIONAL

 

   

El día del abogado y la crisis de la justicia en México

 

Los dichos y los hechos deben tener congruencia, quizá esa fue la esencia del concepto de praxis de origen marxista, no obstante ello, en pocas ocasiones se tiene dicha coincidencia.

     Tal es el caso de la justicia en México, que ahora enfrenta una seria encrucijada porque, por un lado, nos encontramos ante un proceso de reforma donde el electorado participa por primera vez en la elección de sus jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema del país; y por otro lado, nos encontramos ante una saturación de los tribunales mexicanos, miles de trabajadores, padres, niños, comerciantes y ciudadanos en general acuden a reclamar justicia, sin encontrarla.

       La razón es que el trabajo diario de los tribunales se encuentra hoy más que nunca en una crisis económica, política y social. Tan solo hace una semana se encontraban suspendidas las actividades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como del Tribunal Superior de Justicia, por denuncias de su personal que señalaban falta de recursos materiales y humanos, para atender la gran demanda de las personas que acuden a buscar justicia ante dichas instituciones.

     Los Tribunales federales se encuentran ante el temor constante de la posible reducción de sus prestaciones laborales, cuyo origen se basa en la actual negativa del órgano administrativo del Poder Judicial Federal para cubrir las indemnizaciones de los jueces y magistrados que renunciaron a sus cargos derivados de la elección judicial, lo que podría derivar en paros y conflictos al interior de carácter laboral.

      Nuestras instituciones de procuración y administración de justicia se encuentran también cuestionadas por los organismos internacionales, así como por nuestro socio comercial más importante, donde la posible vinculación con miembros del crimen organizado es preocupante.

       Considero que la justicia en México, no iba por buen camino sobre todo para los sectores más vulnerables del país, y miles de personas que fueron víctimas del influyentismo, la impunidad, el burocratismo y la corrupción.

      En mi caso considero que la reforma fue necesaria, el diseño y la forma será un tema que deberá evaluarse a futuro no ahora, dándole la oportunidad a los actores para desempeñar su encargo, empero, debe devolverse a nuestro país la certeza de que habrá instituciones de justicia sólidas, profesionales y sobre todo que habrá respeto absoluto a los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, acatando las resoluciones, no prejuzgando sobre éstas y sobre todo atendiendo las demandas del gremio jurídico por parte del gobierno mexicano y evitando la impunidad.

    Por ello este día de conmemoración, más que nunca, México requiere de abogadas y abogados, que busquemos la conciliación y el respeto de los derechos humanos, pero sobre todo evitar los abusos de poder de la autoridad y de aquellos factores externos que pretendan torcer la ley, nuestro papel debe ser la crítica objetiva y no el aplauso banal, porque el primero no agrada pero hace reflexionar, el otro elogia pero ciega e incluso ejerce cierta complicidad o responsabilidad. ¿La historia nos absolverá?

 

El recuerdo de una represión sindical desde la izquierda

 

A Judith Calderón

Hace unos días estaba recordando uno de los momentos más tristes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, tribunal que por cierto está en vías de extinguirse pero que representó una esperanza para miles de trabajadores al constituirse como un tribunal cercano a la gente, transformado a partir de la llegada de los gobiernos de izquierda democrática al país.

    Las expectativas siempre fueron muy altas, aunque pocas veces se cumplieron lamentablemente. No obstante ello, viene a mi recuerdo un caso particular que llamó mi atención, se derivó de un conflicto sindical donde el Sindicato de Trabajadores del periódico la Jornada (periódico fundado por críticos periodistas como un espacio de reflexión alternativa) y la representación patronal, quien buscó por la vía del procedimiento especial de naturaleza económica reducir las prestaciones del contrato colectivo de trabajo, por considerarlo insostenible económicamente, con dos peritajes en contabilidad se logró dicha pretensión, desde luego avalado por el entonces Secretario de Asuntos Colectivos el doctor Pablo Franco Hernández, y bajo la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México de la maestra Margarita Darlene Olvera Rojas.

   La respuesta de la dirección del Sitrajor, lidereado por la periodista Judith Calderón, decidió estallar una huelga por el ataque a su contrato colectivo de trabajo, lamentablemente y por una cuestionable orientación del asesor sindical José Luis Contreras sugirió asegurar con candados de bicicleta las puertas del local de trabajo, lo que propició que el actuario de la Junta Local al observar el hecho certificó el mismo, al dar cuenta el Secretario de Asuntos Colectivos el doctor Pablo Franco Hernández decidió declarar ilegal la huelga e ilícita.

      Un duro golpe en contra de un sindicato y su dirigencia, quienes posteriormente fueron perseguidos políticamente y judicialmente por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien judicializó el asunto y los llevó ante un Juez de Control en materia penal, vinculándolos a proceso por privación ilegal de la libertad.

     Desde luego, fueron despedidos la secretaria general, el secretario de organización y la tesorera del sindicato, todo basado en la certificación del doctor quien hizo una calificación que no se esperaba de un gobierno de izquierda declarar ilícita por considerar que hubo actos de violencia al poner los candados de bicicleta e ilegal, al considerar que no se cumplió con la suspensión total de labores al encontrarse personal dentro de las instalaciones.

     Las decisión de la Junta Local fue revocada por la sentencia de amparo emanada de un Juzgado de Distrito al encontrarse infundada, empero, la persecución para los dirigentes sindicales no cesó, aún cuando emanó de un gobierno de izquierda.

     Tiempo después del doctor Franco dejó la función pública y la política partidista, para dedicarse a la asesoría y defensa de sindicatos, así como a la academia, ojalá algún día nos revele las razones que le llevaron a tomar una decisión de esa naturaleza quizá contraria a la ideología que siempre sostuvo, y tratar con tanta rudeza a quienes defendieron su contrato de trabajo.