A Judith Calderón
Hace unos días estaba recordando uno de
los momentos más tristes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la
Ciudad de México, tribunal que por cierto está en vías de extinguirse pero que
representó una esperanza para miles de trabajadores al constituirse como un
tribunal cercano a la gente, transformado a partir de la llegada de los
gobiernos de izquierda democrática al país.
Las expectativas siempre fueron muy altas, aunque pocas veces se
cumplieron lamentablemente. No obstante ello, viene a mi recuerdo un caso
particular que llamó mi atención, se derivó de un conflicto sindical donde el
Sindicato de Trabajadores del periódico la Jornada (periódico fundado por
críticos periodistas como un espacio de reflexión alternativa) y la representación patronal, quien buscó por la
vía del procedimiento especial de naturaleza económica reducir las prestaciones
del contrato colectivo de trabajo, por considerarlo insostenible
económicamente, con dos peritajes en contabilidad se logró dicha pretensión, desde
luego avalado por el entonces Secretario de Asuntos Colectivos el doctor Pablo
Franco Hernández, y bajo la presidencia de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje de la Ciudad de México de la maestra Margarita Darlene Olvera Rojas.
La respuesta de la dirección del Sitrajor, lidereado por la periodista
Judith Calderón, decidió estallar una huelga por el ataque a su contrato
colectivo de trabajo, lamentablemente y por una cuestionable orientación del
asesor sindical José Luis Contreras sugirió asegurar con candados de bicicleta
las puertas del local de trabajo, lo que propició que el actuario de la Junta
Local al observar el hecho certificó el mismo, al dar cuenta el Secretario de
Asuntos Colectivos el doctor Pablo Franco Hernández decidió declarar ilegal la
huelga e ilícita.
Un duro golpe en contra de un sindicato y su dirigencia, quienes
posteriormente fueron perseguidos políticamente y judicialmente por la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, quien judicializó el asunto y los
llevó ante un Juez de Control en materia penal, vinculándolos a proceso por
privación ilegal de la libertad.
Desde luego, fueron despedidos la secretaria general, el secretario de
organización y la tesorera del sindicato, todo basado en la certificación del
doctor quien hizo una calificación que no se esperaba de un gobierno de
izquierda declarar ilícita por considerar que hubo actos de violencia al poner
los candados de bicicleta e ilegal, al considerar que no se cumplió con la
suspensión total de labores al encontrarse personal dentro de las instalaciones.
Las decisión de la Junta Local fue revocada por la sentencia de amparo
emanada de un Juzgado de Distrito al encontrarse infundada, empero, la persecución
para los dirigentes sindicales no cesó, aún cuando emanó de un gobierno de
izquierda.
Tiempo después del doctor Franco dejó la función pública y la política partidista,
para dedicarse a la asesoría y defensa de sindicatos, así como a la academia,
ojalá algún día nos revele las razones que le llevaron a tomar una decisión de
esa naturaleza quizá contraria a la ideología que siempre sostuvo, y tratar con
tanta rudeza a quienes defendieron su contrato de trabajo.
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