sábado, 28 de marzo de 2026

Rafael Guerra y el elefante sentado en la sala

 

La Ciudad de México es uno de los sitios más emblemáticos de nuestra República, ahí se asientan los poderes de la unión, es el centro económico, político y diría hasta cultural en nuestro país.

    Abrió el camino para gobiernos progresistas emanados de las contradicciones autoritarias del partido en el poder durante casi ochenta años, donde había simulaciones de elecciones pero un dominio absoluto, basado en la figura presidencial.

     No obstante, la capital de la República ha sufrido para logar desterrar el modelo autoritario de sus entrañas, un ejemplo de ello sin duda es el Poder Judicial de la Ciudad de México.

     En los últimos años sus presidencias se han tornado emblemáticas sobre todo por el culto a la personalidad, baja calidad y posibles actos de corrupción, que se han agravado por la reforma judicial.

       La sospecha se introdujo en la sociedad mexicana a partir del texto periodístico de Hernán Gómez Bruera Traición en palacio. El negocio de la justicia en la 4T, que dentro de los capítulos  narra afirmaciones preocupantes como el soborno que entregó David Cohen (exabogado de Billy Álvarez asesinado después de sostener una reunión con Rafal Guerra[1]) a Rafael Guerra por catorce millones de pesos para frenar solicitudes de órdenes de aprehensión[2], o  su comparación con Edgar Elías Azar a quien denominaban “la garra”, quien duró dos presidencias en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y también se le imputaron una serie de actos de corrupción.[3]

      Los motivos son las sospechas que existen alrededor de dicho personaje, quien burlando la Constitución logró reelegirse, a pesar de crisis que ha enfrentado como paros laborales por malas condiciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.[4]

     No existe una explicación sobre las razones que sostienen a Rafael Guerra, quien es acusado de tener redes de corrupción al interior del Poder Judicial de la Ciudad de México, con jueces que actúan por consigna y no por independencia, además de que con su reelección violó el artículo 35 apartado B número 9 de la Constitución de la Ciudad de México, como tampoco se explica por qué en este caso el partido político con mayoría en la Ciudad permite esa circunstancia cuando en otros casos se opuso como con Elias Azar.[5] Todo ello, desde luego, en repercusión de la calidad de la justicia que cada día es menor, además de ser menos accesible a las personas en la capital, se requiere un poder judicial diferente.

    Lo cierto es que, el tema de Rafael Guerra seguirá siendo el elefante sentado en la sala, que todo mundo se preguntará ¿Qué hace ahí?  pero los titulares de la casa dirán que no ven nada.

    



[2] Gómez  Bruera, Hernán, Traición en Palacio. El negocio de la justicia en la 4T, Grijalbo, México, 2003, p. 249.

[3] Ibidem, p. 152.

martes, 3 de marzo de 2026

La justicia constitucional en pausa. La crisis de los Tribunales Colegiados

 

La reforma judicial inició con fuerza propagandística, y con la esperanza de justicia al pueblo, no sin una elección llena de dificultades que fueron desde la baja participación electoral, hasta el cuestionamiento público de algunos métodos “novedosos” de orientación al voto.

    A pesar de todo, parecía que las viejas inercias cambiarían y que habría compromiso extremo con la justicia emanada de una elección, lamentablemente para los justiciables hasta el momento no es así.

    Uno de los dramas más trágicos, se encuentran en los Tribunales Colegiados de Circuito, y algunos Tribunales Colegiados de Apelación que, bajo el apotegma de “cuando las cargas de trabajo lo permitan”, atenderán y resolverán los asuntos que tienen encomendados.

      Lo más grave es que no hay medio humano que pueda evitar esa dilación injustificada, pues, aún cuando hubo reformas a la Ley de Amparo, donde se señaló que las autoridades jurisdiccionales de amparo debían resolver el asunto en noventa días según promete el artículo 183 de dicho ordenamiento, que hoy es letra muerta.

     Entonces, tenemos una serie de Tribunales Colegiados que se están tardando en promedio de ocho meses a un año en el mejor de los casos, pues, dependiendo del asunto llegan a tardar hasta ¡tres años!

     Ya no hablemos de la calidad en las resoluciones que sería un tema importante, porque a pesar del amplio tiempo que se toman algunos órganos jurisdiccionales, las resoluciones llegan a tratarse de transcripciones en un ochenta porciento de los documentos, y solamente el veinte restante en el análisis crítico de los planteamientos, que además pueden ser de forma otorgando, en el caso del amparo, sentencias para efectos, lo que implica que por una formalidad no estudian el fondo de los asuntos “reponiendo procedimientos”, práctica que debería erradicarse porque retarda aún más la justicia.

       Por ello, se debe reflexionar y abrir un debate profundo sobre el futuro de la justicia constitucional en México, porque al parecer en este momento se encuentra en pausa, bajo la incertidumbre constante y la resignación de muchos justiciables quienes empiezan a dejar de creer que los procesos judiciales son una forma de dirimir las controversias, pero ¡ánimo! ¿por qué dicen que tiempo lo cura todo no?