La dignificación del Ministerio Público Federal. El caso Ensenada.

 

Hace unos días, y como es costumbre afortunadamente, me encontraba leyendo un texto de Juventino Castro y Castro, excepcional y lamentablemente extinto jurista, quien en su célebre obra El Ministerio Público en México, nos narra la historia, facultades, y características de tan importante institución.

     En el capítulo primero, y aun cuando menciona las características de la acción penal, sentencia la importancia de la independencia del Ministerio Público, cuyo eje central es la inamovilidad que debieran tener, lo que implica que no puedan ser cesados más que por ciertas causas precisadas en la ley no así por los políticos o jefes en turno.

     Contrario a ello, en 2016 el órgano reformador de la Constitución decidió en la fracción XIII del apartado B) del artículo 123 retirar el derecho de reinstalación a los Ministerios Públicos, peritos, miembros de entidades federativas, solo pudiendo indemnizarlos, pero solamente cuando algún órgano jurisdiccional hubiese determinado que la separación es injustificada.

        Imagínese que un Ministerio Público Federal, es separado por capricho de su superior jerárquico, y resulta que demuestra la ilegalidad de la separación solamente tiene derecho a exigir, previa comprobación de la ilegalidad, una indemnización.

         Claro previo juicio administrativo federal, que dura aproximadamente cuatro años, atendiendo a que el Estado no reconoce a los Ministerios Públicos como trabajadores, y los excluye de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado, afirmando que se trata de una relación administrativa.

       Pero aun más grave es la situación que se vive actualmente en la Fiscalía General de la República, que actualmente otorga contratos temporales de manera ilegal a los Ministerios Públicos, los cuales van de un mes a tres meses, con la amenaza constante de no ser renovados, a criterio discrecional de las autoridades administrativas, por lo menos, es el caso que tenemos identificado en Ensenada, Baja California.

    ¿Ese es el trato que merecen los profesionistas a quienes confiamos la investigación de los delitos federales? ¿Ese tipo de contrataciones garantizan imparcialidad en las investigaciones? ¿ Afecta a la defensa este tipo de contrataciones e inestabilidades de parte de los Ministerios Públicos?

        Me parece que, es un tema que tenemos como sociedad que revisar profundamente, sobre todo la dignificación de nuestros Ministerios Públicos, otorgándoles certeza jurídica y valor a su trabajo, pero sobre todo independencia al momento de investigar y procesar los asuntos.