eficacia de la democracia en México

La eficacia y aplicación de la transición democrática

El tema que aquí trataré será la eficacia de los denominados elementos de la democracia: a) Regla de mayoría; b) Partidos políticos; c) Elecciones; d) Ciudadanía y nacionalidad. El supuesto del que se parte y que será el hilo conductor del presente trabajo es tanto la transición democrática así como la ya antes mencionada eficacia jurídica o aplicación real de los conceptos antes mencionados.

    Partimos de la posición Kelseniana del Estado como orden jurídico[1], pues a mi parecer resulta idóneo para un ensayo jurídico comenzar por entender las ciencias normativas, y su problema de aplicación real en México.

    En ese sentido,  establecemos las limitaciones del presente estudio que están en torno a un objeto de Kelsen observó al estudiar los fenómenos jurídicos en contraste con el desarrollo de las ciencias naturales, y es que el derecho pertenece a las ciencias normativas, en razón de su finalidad.[2]

      De tal manera que, una vez hecha esta aclaración los conceptos que trataremos a continuación son la base del desarrollo del presente estudio, los cuales me permitirán llegar a una conclusión coherente del mismo.

 

Transición política en México

La transición política quizá es referida como democrática en la mayoría de ocasiones, aunque no siempre pacífica. Lo deseable, desde luego, es que el cambio se pueda dar en un contexto de efusividad democrática mediante el sufragio libre, directo, universal y secreto. Que se respeten los resultados de una elección equitativa, y que se realice de manera voluntaria el intervalo de cambio de poder político a poder político.

     Por ejemplo, en México se estuvo dominado durante  casi ochenta años por el partido en el poder, quien como es sabido utilizó la demagogia política como medio de consolidación, porque a quien se le puede ocurrir un sistema democrático en donde participe un solo partido.

     La pregunta obligada es determinar si existían o no mecanismos que hicieran efectivos los derechos políticos de los ciudadanos. Si desde la Constitución Política de 1917, se establece la posibilidad de elección y participación en el gobierno a cualquier ciudadano. Es más en un inicio ni siquiera existían partidos políticos, entonces, se podría deducir que la democracia era más directa, bueno sin considerar que se salía de una Revolución Social que tiene como resultado la primera constitución con contenidos sociales.

     Empero, se carecía de mecanismos necesarios para hacer válidos los derechos políticos, aunque cabe hacer la aclaración a mi parecer bien apuntada por Jaime Cárdenas cuando se analicé el régimen mexicano, porque evidentemente la constitución del sistema “democrático nacional” dentro del proceso histórico es muy variable, [3] más aún cuando se dieron las primeras alternancias políticas que parecían imposibles en otro momento de la historia.

      En ese sentido, la época actual quizá se encuentra en un periodo difícil de lectura política, ya que a pesar de haber existido alternancia de dos sexenios en el poder ejecutivo, el partido con mayor índice de autoritarismo regresó al poder. De tal manera que, si continuamos con el análisis propuesto por el mismo Cárdenas[4] podemos encontrar algunos criterios interesante para poder ubicar las características de la democracia actual o por lo menos los objetivos que ésta deba perseguir, dicho autor señala de manera precisa que el México de 1994-que es la época en que escribió el texto- el partido gobernante no tenía rival, porque el partido Acción Nacional difícilmente llegaría al poder, aspecto que evidentemente se tiene que actualizar ya que todos conocemos el proceso histórico de 2000 en que Vicente Fox arribó a la presidencia con sus desafortunadas intervenciones claro, además de que su gobierno tuvo cierta continuidad con el mandato de Felipe Calderón (quien asciende entre sospechas y un país polarizado políticamente); empero algo de este punto aún sigue vigente del análisis en comento el PRD es excluido de acceso al poder, en general la izquierda mexicana con sus vicios y defectos tiene nula posibilidad, tan solo basta destacar las últimas elecciones en que mediante fraudes comprobados históricamente-1988 y 2006- han sido desplazados de su oportunidad de gobernar al país. Ahora bien, el segundo elemento importante y saludable para una democracia es la aceptación por las fuerzas políticas de las reglas de competencia electoral, las cuales han avanzado definitivamente e incluso han sido aceptadas por la mayoría de actores políticos; empero, hacia la ciudadanía aun quedan algunas sospechas sobre la transparencia e imparcialidad de las elecciones. Por último, la denominada protección de los Derechos Humanos[5] sí ha tenido un gran avance, incluso se ha elevado el concepto a rango Constitucional a partir del 10 de junio de 2011, reconociendo no solo los Derechos Humanos sino convirtiendo hasta aquellos tratados internacionales conjuntamente con disposiciones constitucionales que protejan tales derechos como normas que tienen privilegio interpretativo sobre otras disposiciones; es decir, el denominado principio pro homine, que actualmente se encuentra en el párrafo segundo de nuestro artículo primero, aunque ya exista también la intención de limitarlo por parte del partido en el poder, por conducto del diputado Francisco Arroyo, quien por si fuera poco es el presidente de la  mesa de la Cámara de Diputados.

     En síntesis, se podría decir que existe un avance en materia política a partir de la alternancia en el poder, tan es así que actualmente mediante el Poder Reformador de la Constitución[6]se incluyó le denominada reforma política publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto del dos mil doce, que entre otras cosas, incluye la posibilidad de candidaturas independientes y la conformación de la figura de referéndum, claro con unos requisitos similares a los de un partido político, pero con la desventaja quizá (hasta que se reformen las leyes secundarias y exista certeza respecto a ello) de no contar con los recursos suficientes como los de un partido nacional (que se le suman recursos provenientes de las partidas específicas, como también de los Estados gobernados por los mismos).

   Los defectos del Estado democrático mexicano

Por cuestiones de tiempo y tomando en consideración que el tema es muy extenso que incluso podría dar para una tesis de maestría, me referiré brevemente a los temas propuestos y su aplicación en el Estado Mexicano, tal vez a nivel de opinión para finalizar con una propuesta teórica.

   Bueno, en primer lugar la regla de mayoría que significa la decisión que se toma por medio del voto de manera democrática me parece persuasiva, aunque también propensa a monopolios y cierto tipo de corporativismos, ya que como bien han estudiado algunos teóricos del tema como Phillipe Schmitter en su texto “¿Continúa el siglo de corporativismo?[7]” puede observar como existe una divergencia entre el denominado corporativismo que implica el control de Estado de los grupos de interés; en otras palabras, que se constituya la voluntad del soberano en torno a un solo poder. En consecuencia, tal teoría aparece como el contrario del pluralismo, el cual apareció como el respeto de todas esas minorías que integran el Estado pero que no dominan al mismo. Entonces, el conflicto parece inminente, todo si tomamos en cuenta que la regla de la mayoría implica una voluntad única, aunque si esa voluntad se somete al desarrollo de los Derechos Humanos y garantiza éstos, la regla parece sostenible.

    Ahora bien, el segundo punto sobre los partidos políticos se nota actualmente en la realidad mexicana en decadencia, porque dichos partidos no representan los intereses de sus mandantes, a excepción de cuando necesitan el voto de los mismos. Y menos ahora que se comprueba la hipótesis de intervención estatal en los partidos políticos, tan sólo basta recordad a Felipe Calderón y su intento de influencia dentro del partido Acción Nacional o el ahora presidente Enrique Peña Nieto y  su propuesta de reforma a los estatutos de su partido para tener influencia en el mismo de manera directa. Aspecto que me parece, hasta cierto punto aberrante en un sistema democráticos, porque si algo deben de tener los partidos es autonomía política, de otra manera simplemente se convierten en escaños que debe cursar el aspirante a un puesto público siempre con el visto bueno del jefe de Estado, entonces, su influencia se vuelve tal vez no determinante pero sí poco sana para el desarrollo del mismo.

    Por otra parte, en cuanto a las elecciones quiero comentar que por lo menos desde mi particular punto de vista éstas han carecido de reglas claras, tan es así que en los últimos dos ejercicios democráticos en donde he ejercido mi voto, me ha dado la sensación de fraude, el primero en dos mil seis cuando se demostró la incapacidad del Instituto Electoral para controlar las campañas de desprestigio y tener al país en estado de incertidumbre política con el anuncio de un empate, porque en una democracia sana hubiera tenido que proceder a una segunda vuelta, pero aquí solo quedaron sospechas del mismo, lo cual polarizó al país y demostró la incipiente democracia que vivimos. El segundo ejercicio fue el de 2012, en donde no se cuestionó tanto el triunfo del presidente ahora en turno, pero la forma en que llegó al mismo fue desastrosa en especial cuando se le comprobó y exoneró el haber utilizado recursos públicos para la compra de votos, y se le condenó a otro aspirante por rebasar los topes de campaña, que independientemente de su inocencia o no, evidentemente éste utilizó menos recursos que el otro; en otras palabras, la institución que se encarga de vigilar la democracia fue un verdadero insulto para los mexicanos, pues, demostró su parcialidad e inequidad en el trato a un candidato como a otro. Por ello, hoy sé que en México no es ilegal comprar los votos, porque a pesar de poder ser un delito electoral ésta no se castiga de modo que pierde su positividad  en virtud de que ya no es eficaz.

      Por último, en cuanto a la ciudadanía y nacionalidad tengo poco que decir, porque el problema de los mismos me parece centrarse en el trato desigual que tienen los mexicanos, aunque no sé si tenga mucha influencia en el concepto de nacionalidad, empero, en el de ciudadanía sí, porque dicho concepto emana de las culturas Helénicas e indudablemente refiere a los derechos que tienen algunos y otros no, recordemos en la vieja Atenas cuando había ciudadanos que eran los menos, comerciantes que tenían sus propias leyes y esclavos, quienes claro no tenían nada. Entonces, el concepto de ciudadanía ha ido avanzando actualmente se establece en el artículo 34 Constitucional las características de ser un ciudadano que refieren a la edad y el tener un modo honesto de vivir, entonces, aquellos que no lo tengan no son ciudadanos, es decir, un niño no es ciudadano, un delincuente no es ciudadano, entonces, ¿qué son? Bueno, sabemos que no pueden votar, pero tampoco pueden votar aquellos que se encuentran en los pueblos alejados y que por alguna circunstancia tiene difícil acceso a los servicios, empero, si se erogan una serie de recursos para los que viven en el extranjero para que puedan votar. ¿No es esto tal vez un trato desigual, si todos son ciudadanos?

     Ahora bien, sus derechos son poder ser votados y votar, tan solo analizaré éstos porque son los más infames, empero para ello deben tener ciertos requisitos en la mayoría de casos inalcanzables para muchos ciudadanos, entonces, los mecanismos de efectividad de los derechos políticos una vez más quedan relegados aunque sus obligaciones si están claras, en especial aquella que dicta el artículo 31, fracción IV la cual es contribuir en los “gastos públicos”.

   En síntesis, me parece que aún la democracia mexicana se encuentra en plena construcción y por ahora necesita de instituciones fuertes que la apoyen en tal tarea, así entonces, resulta muy sugerente la idea de que poderes del Estado actúen con madurez política en un sistema de medios de control, tal como sostiene el doctor Ávila Ornelas y el supuesto de la Suprema Corte de Justicia quien últimamente ha actuado como árbitro en las contiendas electorales.[8]  

En conclusión

Me parece que la respuesta es obvia que no se aplican en la realidad los supuestos democráticos, aunque sería una irresponsabilidad emitir una simple sentencia de esa forma sin valorar los elementos que se han descrito como los avances en el reconocimiento de los Derechos Humanos y la alternancia en el poder, que con todo y que haya sido desastrosa su participación fue sano el cambio, así como la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como árbitro del mismo. Ahora, lo que realmente preocupa a este país es que existan derechos “inalcanzables” para ciertos sectores de la sociedad, pues, parece que existen obligaciones para todos los habitantes del país pero no así la posibilidad de derechos como es el acceso a un cargo público, que si bien está contenido en una premisa constitucional la auténtica entrada al mismo es un verdadero reto. Espero que se garantice los derechos mediante mecanismos iguales y posibles parta todos y así poder estar no ante una democracia incipiente sino ante un verdadero Estados Social Democrático de Derecho.   

 

Bibliografía

-Ávila Ornelas, Roberto, La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la transición democrática, Porrúa, México, 2012.

 

-Cárdenas García,  Jaime F.,  Transición política y reforma constitucional en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1994.  

 

-Kelsen, Hans, Compendio de teoría general del Estado, Trad. Luis Recaséns Siches y Justino de Azcarate, Colofón, México, 2007. 

 

-Patiño Camarena, Javier, “¿Qué cosa es el poder constitucional reformador?”, el cual se encuentra en: Concha Cantú, Hugo A. (Coord.), Sistema representativo y democracia semidirecta. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2002.

 

-Schmitter, Phillipe C , “Continúa el siglo del corporativismo? En: Ocampo Alcántar, Rigoberto (Comp.), Teoría del neocorporativismo. Ensayos de Phillipe C. Schmitter,( Trad. Rodolfo Morán Quiróz), Universidad de Guadalajara, 1992

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[1] Como recordamos Kelsen denominó al Estado desde la perspectiva del concepto de autoridad, el cual también es un atributo según dispone al autor que ahora consultamos, se define como un orden jurídico, con la finalidad de definir de manera obligatoria un determinado comportamiento de los hombres que se encuentran sujetos a su potestad. Cfr. Kelsen, Hans, Compendio de teoría general del Estado, Trad. Luis Recaséns Siches y Justino de Azcarate, Colofón, México, 2007, pp. 109.

[2] “Las normas no expresan lo que de hecho acontece y tiene que acontecer forzosamente sin excepción, sino que determina lo que debe acontecer; aunque de hecho no siempre acontezca de esta suerte.”, ibídem., p. 108.

[3] Cfr. Cárdenas García,  Jaime F.,  Transición política y reforma constitucional en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1994, p. 55.

[4] Loc. Cit.

[5] Ibidem.

[6] Se utiliza este término en lugar de “poder constituyente permanente” o  “poder revisor de la constitución” por los interesantes comentarios vertidos por Patiño Camarena, Javier, “¿Qué cosa es el poder constitucional reformador?”, el cual se encuentra en: Concha Cantú, Hugo A. (Coord.), Sistema representativo y democracia semidirecta. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2002.

[7] Ocampo Alcántar, Rigoberto (Comp.), Teoría del neocorporativismo. Ensayos de Phillipe C. Schmitter,( Trad. Rodolfo Morán Quiróz), Universidad de Guadalajara, 1992.

[8] Ávila Ornelas, Roberto, La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la transición democrática, Porrúa, México, 2012.