En mi paso por el
ejercicio de la defensa penal he sido testigo de varios retos, la mayoría
tragedias humanas ante una justicia ciega pero también insensible, algunas
historias dignas de esperanza y sobre todo aprendizaje.
Recuerdo un caso paradigmático sobre cinco
ejidatarios en Ensenada que, conjuntamente con otras personas se
manifestaron en los accesos del Tribunal Unitario Agrario número cuarenta y
cinco, que se encuentra en un pequeño recinto con una puerta muy estrecha donde
apenas pasan un par de personas.
Los manifestantes en la arenga pública y
enardecidos por la lentitud del avance en sus asuntos impidieron el acceso
bloqueando las entradas, desde luego, algún adjetivo se profirió contra los
funcionarios judiciales siendo el más recurrente la acusación de corrupción.
Lo interesante del asunto fue la triple
acusación que se generó por parte del Tribunal Agrario, la Procuraduría Agraria
y el representante de ésta en contra de una mujer ejidataria, que denunciaba
mal trato y violación de sus derechos ejidales, usuaria de ambas instituciones.
Una mujer aguerrida de campo, con formas peculiares de conducirse pero con
cierta razón en sus denuncias y reclamos.
Tan solo bastó la denuncia de dichas autoridades, para que en un mes se orquestara una investigación quizá
obvia por las notas periodísticas de aquel momento, para formular cargos y
fuera vinculada a proceso por bajo tres clasificaciones jurídicas: obstrucción
del servicio público, tanto del Tribunal como de la Procuraduría Agraria como por
amenazas a un funcionario público.
Sobre todo nos indignó la consigna de
la justicia agraria que, ante un reclamo justificado del rezago judicial, en
lugar del dialogo la respuesta fue contundente se buscaba la pena de prisión
para una mujer campesina de un ejido lejano a la ciudad y con bajos recursos así como
educación limitada, pero con un corazón apasionado que en combinación con una
lengua filosa no era del agrado institucional.
Desde luego, buscamos el dialogo
institucional bajo la opción de salidas alternas al proceso como son la
suspensión condicional y el acuerdo reparatorio, la idea era evitar juicios
desgastantes de la maquinaria judicial como también de las instituciones
agrarias. Nada resultó.
En el caso del Tribunal Agrario, nos
encontramos con una magistrada poco sensible,
afortunadamente poco instruida en temas penales. Se negó al dialogo, fuimos a
juicio oral. El proceso fue desgastante y exhibió algunos funcionarios poco
congruentes por no decir contradictorios en sus declaraciones, finalmente donde
hubo unanimidad es que no hubo violencia. Lamentablemente el juez de distrito
que en funciones de tribunal de enjuiciamiento se dedicó más a justificar el
supuesto temor de los funcionarios ante los usuarios, y con ello impuso una
pena agravada, increíblemente señalando que ¡no había necesidad de medios comisivos! Afortunadamente
un Tribunal Unitario revocó el error y absolvió a la mujer.
Con todo y esta experiencia que no fue
considerada, la Procuraduría Agraria siguió en su imputación. En ese caso, la
amenaza ya no continuó porque el propio representante de la procuraduría que denunció amenazas había
sido cesado, y siguió un procurador agrario quien por cierto tenía cierta sed
de venganza, no sé la razón pero quería procesar y que fuera sancionada la
ejidataria. Sin embargo, el juez de distrito en esta ocasión sí reflexionó el
razonamiento que revocó su sentencia, y aun cuando públicamente no aceptó el
error, manifestó que no tenía sentido continuar con el asunto hacia un juicio
oral, y aceptó la suspensión condicionada, consistente en cursos de libertad de
expresión y derechos humanos, así como trabajo comunitario por seis meses que
le impuso a nuestra defendida.
Me llamó mucho la atención una última
manifestación de quien ocupaba el cargo de representante de la procuraduría
agraria quien dijo abiertamente, “esta vez ganaron porque desconozco el derecho
penal, pero estudiaremos para que no vuelva a pasar”, ¿será que ya estudió
derecho penal? ¿será que su vocación era ser fiscal en lugar de procurador
agrario? No lo sé.
Lo que sí sé, es que ahora que se discute
al interior del Poder Judicial Federal la toma de instalaciones públicas
prolongadas sin la declaración de la existencia de una huelga, bajo la lógica
estatal quizá no sea la mejor opción, ahora me pregunto ¿se actuará de la misma
manera que con aquella ejidataria que demandaba sus derechos agrarios?
